Miguel Enrique Villavicencio.- El doctor Rafael Narváez, exparlamentario y abogado defensor en materia de Derechos Humanos y Civiles en el país, considera que la Ley Contra el Fascismo es una especie de paredón judicial contra la libertad de expresión, precisamente cuando quedan tres meses para las elecciones presidenciales.
Manifestó que se solidariza y está plenamente de acuerdo con el comunicado de alerta emitido por el Colegio Nacional de Periodista (CNP), en cuanto a los graves riesgos que corre la libertad de expresión si se aprueba esta ley contra el fascismo.
El jurista expresó su total inconformidad ante el silencio sepulcral que mantiene el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sobre este proyecto de Ley Contra el Fascismo, el cual actualmente se viene discutiendo en el poder legislativo nacional.
-Esta inacción por parte de la sala constitucional le permite a la Asamblea Nacional vulnerar el principio de legalidad, limitar la libertad de expresión, de opinión y del libre pensamiento, precisamente a tres meses de celebrarse las elecciones presidenciales en nuestro país, dijo.
«Cada candidato expresará en su discurso las diferencias que existan con la actual gestión gubernamental, lo que coloca en riesgo a los periodistas y medios de comunicación social a la hora de difundir en sus portales web y redes sociales, ya que dicho instrumento legal establece penas de prisión por 12 años para quien cometa el hecho punible, sin tener garantías penales y de paso desconociendo quién calificará el delito – agregó.
Opina que da mucha tristeza observar a los diputados de la AN ejercer sus responsabilidades solo para la persecución política con amenazas y restricciones a las garantías constitucionales y DDHH, olvidando sus verdaderas atribuciones de control y de legislar en beneficio de la sociedad venezolana.
Insistió en decir que la aprobación de esta ley constituye una sepultura de la libertad de expresión y el libre ejercicio del periodismo.
-Hago un exhorto a los magistrados de la sala constitucional del TSJ para que procedan a revisar este proyecto de ley que, seguro estoy, viola el principio de legalidad y está impregnado de restricciones a los derechos humanos establecidos en nuestra norma suprema y en los pactos internacionales suscritos y ratificados por el Estado venezolano – concluyó.
